El mayor caso de corrupción destapado en Mallorca en los últimos años, que reveló una trama de connivencia entre el dueño de las mayores discotecas de la isla, Bartolomé Cursach, y la Policía Local de Palma corre el riesgo de quedar en nada después de nueve años de investigaciones. El juicio contra Cursach y otras 22 personas, entre ellos 14 policías, dos funcionarios y excalto cargo, ha quedado suspendido esta semana en la Audiencia Provincial de Palma, después de que las tres juezas que integran el tribunal decidiesen retirarse a deliberar si anulan todo el procedimiento. Las defensas esgrimen para pedir la anulación las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso por el juez y el fiscal que las dirigieron.

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