El plazo para que las comunidades autónomas remitieran al Gobierno las cifras sobre los menores migrantes no acompañados que tienen acogidos venció al filo de la medianoche de este lunes y la práctica totalidad de territorios han alegado sobreocupación de sus servicios de acogida. La aportación de estos datos es uno de los pasos previos requeridos por el Gobierno para calcular —con números actualizados, porque los que se manejaban hasta ahora eran de diciembre de 2023— las plazas existentes y el esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad, todo ello para establecer la futura distribución de los 4.400 menores que ahora están hacinados en Canarias y Ceuta. El Congreso votará el 10 de abril la convalidación del real decreto ley acordado por el Ejecutivo con Junts que reforma la Ley de Extranjería para permitir los traslados automáticos cuando un sistema de protección autonómico se halle al triple de su capacidad. Inicialmente, el PP llegó a amenazar con una rebelión contra el reparto de los menores, pero esas posiciones se han ido modulando y Génova garantizó este lunes que sus gobiernos autónomos cumplirán la ley.

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