La fractura en el Poder Judicial deja en vilo la maniobra del PSOE para renovar el Constitucional

El plan del PSOE para impulsar la renovación del Tribunal Constitucional ha chocado con los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de cuyo voto depende la elección de dos de los cuatro magistrados que deben incorporarse al tribunal de garantías. La reforma legal que plantean los socialistas implica devolverle al actual Consejo —cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y mientras persiste el bloqueo del PP en su renovación, que se alarga ya tres años y medio— las competencias para designar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden, una potestad vetada por ley desde el año pasado. Pero un sector del Consejo, que rechazó la primera reforma y ahora rechaza la segunda, está dispuesto a complicar el objetivo del Gobierno, y dilatar, y en última instancia dificultar, la designación de los dos magistrados del Constitucional, cuya elección requiere una mayoría de tres quintos (12 de los 20 miembros del órgano).

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