En plena resaca del apagón, pasó casi inadvertido, pero un 30 de abril de 2025, en el pleno del Ayuntamiento de la capital de un país democrático, una concejala que percibe un sueldo público anual de 68.637,60 euros, declaró: “Si permitimos que un tirano destruya la reconciliación por la que hemos vivido en paz más de 80 años, las heridas abiertas de mañana serán culpa nuestra por habérselo permitido”. Con “el tirano” se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —a Franco lo había llamado “general”—; con “reconciliación” aludía al Valle de Cuelgamuros, monumento que acoge los restos de más de 33.800 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), entre ellos centenares de republicanos que fueron extraídos de las fosas comunes a las que sus asesinos los habían arrojado para ser trasladados al mausoleo sin el consentimiento de sus familias; y con “paz” se remontaba a la dictadura, hasta 1945. Carla Toscano, de Vox, presentaba una proposición para que se declarase todo el complejo de Cuelgamuros Bien de Interés Cultural para tratar de impedir así el plan de resignificación puesto en marcha por el Ejecutivo central tras pactarlo con la Iglesia. Según su partido, el plan “del Gobierno talibán” obedece al intento de “curar el orgullo herido de perdedores de una guerra que no consiguen asumir que perdieron”. La concejal de Vox se refería a la Guerra Civil, y, al señalar a los vencidos, se estaba incluyendo, en cierto modo, entre los vencedores.

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