La Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Así consta en la resolución firmada el pasado 25 de junio por el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, para autorizar el registro de su vivienda en Santiago de Compostela (A Coruña). El magistrado dio luz verde a la Guardia Civil a entrar en su casa después de que el Tribunal Supremo pidiese la imputación de la ex alto cargo —así como la de Javier Herrero, ex director general de Carreteras— al concluir que existen “indicios consistentes” de que “hubieran podido prestar asistencia” a la supuesta trama de amaño de obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos.

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