Las sospechas sobre Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro que se sitúa en el epicentro de una supuesta trama de corrupción de intereses empresariales, se extienden más allá de una década. Los indicios contra este bufete llevan sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción desde hace una década, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En este tiempo se han desarrollado dos instrucciones judiciales (una archivada en 2019 por un juzgado de Madrid; y otra impulsada por otro de Tarragona, que ha explotado esta semana con la imputación formal del exministro) que reflejan un similar modus operandi: Equipo Económico era contratado por terceros con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado gracias a los puestos ocupados en Gobiernos del PP, “influyese” en “las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
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