Hace cuatro años que las denuncias por supuestos malos tratos a menores migrantes llegaban a los despachos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario y de la Fiscalía. Al menos desde 2021, ambas tuvieron constancia de situaciones que habrían requerido de su intervención. En varios centros y a cargo de diferentes entidades. Varias ONG e incluso el Defensor del Pueblo lo advirtieron. Pero no se actuó con contundencia. Hoy —cuatro años, dos presidentes autonómicos, tres directoras generales de Infancia después— una investigación judicial a la entidad que más menores migrantes atiende en las islas (casi 2.000) pone en cuestión un sistema desbordado que ha crecido sin control. “Ha fallado estrepitosamente la labor de inspección”, lamenta Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional.

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