Casi dos años después de que la pactaran el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, la quita de la deuda empieza a ser una realidad jurídica, aunque aún quedan meses de tramitación para que sea aprobada definitivamente en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la quita parcial de la deuda a las Comunidades Autónomas de régimen común que lo soliciten, una medida que cuenta con el rechazo explícito del PP y de sus presidentes autonómicos, que lo consideran una cesión a los partidos independentistas. El Gobierno, sin embargo, ha explicado con datos que el 70% del dinero de la quita beneficiaría a comunidades gobernadas por el PP, y que la que tendría más reducción por habitante es la Comunidad Valenciana, y no Cataluña.

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