Este verano de 2025, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones en varias regiones, ha reaparecido una idea tan cómoda como falsa: que la Agenda 2030 “prohíbe gestionar” y, por tanto, sería responsable de lo que arde. Es exactamente al revés. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven gestión forestal, prevención del riesgo y restauración basada en evidencia. Y la legislación española —empezando por la Ley de Montes— obliga a mantener los montes en condiciones que reduzcan el peligro de incendio. Ni la Agenda 2030 ni nuestras leyes empujan a la inacción: exigen planificar mejor.

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