Han pasado cuatro meses desde que el ala socialista del Gobierno resucitó las negociaciones para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes en el Congreso. La iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas corría prisa porque parecía más fácil sacarla adelante antes de las vacaciones que con el fervor del nuevo curso político, pero muchas cosas han ocurrido desde entonces. Y ninguna ha ayudado a que el asunto avance. Primero fue el escándalo de Santos Cerdán, que dinamitó la actividad parlamentaria y paralizó a los socialistas; después, fue el PP, que ha ido armando un discurso migratorio cada vez más duro mientras Vox crece por la derecha; en paralelo, Podemos se ha situado en la oposición mientras Junts muestra cada día su cara más antiinmigración. Además, se acercan las elecciones autonómicas en algunas comunidades, en las que este es un tema sensible, lo que complica la posición dialogante de algunos partidos. En este momento, ni los promotores de la iniciativa ni los grupos políticos ven viable una mayoría para regularizar a cientos de miles de personas que viven en España en la clandestinidad. No hay consenso ni parece que lo haya en un futuro inmediato.

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