El fiscal general del Estado ha recurrido la fianza impuesta por el Tribunal Supremo tras abrirle juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ha recurrido ante la Sala de Apelación tanto la fianza decretada inicialmente por el magistrado Ángel Hurtado, de 150.000 euros, como el auto posterior en el que la rebajó a 75.000 tras admitir que había utilizado un criterio inconstitucional para calcular la primera cifra. García Ortiz considera que, como fiscal general del Estado, está exento de pagar fianza porque así lo establece la Ley de Asistencia Jurídica del Estado, que se aplica de forma habitual para eximir a funcionarios defendidos por la Abogacía del Estado, de la obligación de prestar fianza en procedimientos penales en los que se les atribuyen actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones.

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