El clima de intensa polarización que domina el panorama político español se proyecta de modo inmediato en la composición del Tribunal Constitucional y, consecuentemente, en el ejercicio de la función de máximo garante de la Norma Suprema que le corresponde. La reciente sentencia que avala la constitucionalidad de la ley de amnistía no hace sino confirmar la creciente fractura interna que se viene constatando en el seno del Constitucional en los últimos años. La normalización de la referencia a progresistas y conservadores en relación con los magistrados del alto tribunal que se ha impuesto entre la clase política y en los medios de comunicación ofrece una evidente prueba sobre la politización que impera en dicho órgano. Una situación que se ha constatado regularmente con ocasión de la selección y nombramiento de sus 12 integrantes. En efecto, el ejercicio de la potestad encomendada a los distintos órganos competentes (Gobierno, Cámaras y Consejo General del Poder Judicial) evidencia una lógica colonizadora de signo partidista que, sin lugar a dudas, pone de manifiesto una indisimulada voluntad de captura del máximo intérprete de la Constitución.

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