Sami llevaba 20 años viviendo en Galicia junto a su esposa y sus tres hijas españolas cuando en 2022 recibió una orden de expulsión por una infracción de seguridad vial y antecedentes penales, ya cumplidos, de hace 10 años. El tunecino de 48 años fue detenido en su casa en 2024 y trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Después de estar 57 días internado se autolesionó para evitar ser separado de su familia. Aunque fue liberado, tres meses después, cuando dejaba a una de sus hijas en el colegio, fue detenido y expulsado a Túnez, con una prohibición que le impide entrar a España por cinco años, reducida a dos tras un largo proceso legal. ​Su historia es similar a la de muchos otros inmigrantes, así lo muestra el informe Raíces Tras los Muros presentado este lunes en el Congreso de los Diputados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) que detalla la situación de los CIE en España en 2024, año en el que 1.863 personas fueron internadas.

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