La instrucción del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones. Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y ya ha comunicado que, de llegar a juicio, su caso lo vería un jurado popular.

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