Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sentará mañana en el banquillo de los acusados. En realidad lo hará en estrados junto a su abogado, pero igualmente como acusado. Será una imagen inédita, una excepcionalidad histórica. El Tribunal Supremo ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias una instrucción extraordinariamente controvertida en un proceso extremadamente polémico contra una de las más altas instituciones del Estado. El supuesto delito cometido: una revelación de secretos, la presunta filtración de un documento a los medios de comunicación.

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