Desde que el pasado viernes 31 de octubre, el Gobierno anunciara el inicio del expediente de ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, surge la incógnita sobre el destino de su archivo. Aunque el tema se ha llegado a plantear con anterioridad, ha pasado bastante inadvertido, desplazado de la actualidad. Sin embargo, no es una cuestión menor, si se tiene en cuenta la importancia de la documentación que conserva, y, sobre todo, de toda aquella que no es de acceso público y apenas se conoce. Ya hemos perdido demasiado patrimonio histórico en nuestro país como para no tener todas las cautelas necesarias que eviten la ocultación, la manipulación o el expolio al que han sido sometidos buena parte de los archivos, testigos mudos de nuestra historia reciente.

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