Salomé Pradas, consejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, no estaba tranquila ni iba a estarlo en toda la jornada del 29 de octubre de 2024. Aunque se lo pidiera por dos veces el jefe de gabinete de su presidente, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. “Tranquila, che”, le conminaba él a las 20.18, siete minutos después de que el centro de coordinación de emergencias (Cecopi) hubiera enviado el mensaje masivo a los teléfonos móviles de toda la provincia de Valencia en el que se pedía a los ciudadanos que ante las “fuertes lluvias” evitaran “cualquier tipo de desplazamiento”, un mensaje tardío —su envío se retrasó, entre otros motivos, porque Pradas no quería que la traducción al valenciano se pareciera mucho al catalán— y defectuoso —no pedía a los ciudadanos que subieran a pisos altos—. En ese momento todavía no se sabía, pero al menos 155 personas habían perdido ya la vida por el desbordamiento del barranco del Poyo y del río Magro. Pero sí se sabía que la situación era excepcionalmente grave.

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