La sentencia que expone los motivos de la condena por revelación de secretos impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deja en el aire muchas preguntas sin respuesta. Los cinco magistrados que han firmado la resolución hacen un gran esfuerzo para dar coherencia a su interpretación de una amalgama de indicios inculpatorios. Pero su contraste con las apreciaciones de otros tres miembros de la misma Sala Penal lleva a conclusiones irreconciliables sobre lo fundamental, la existencia o no de prueba suficiente sobre la culpabilidad del acusado. La discrepancia afecta a tres magistrados porque al voto de Andrés Palomo ante la decisión de abrir juicio oral, se ha unido ahora el de otras dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, que con igual contundencia niegan la existencia de prueba concluyente de dicho comportamiento delictivo del fiscal tras haber formado parte del tribunal constituido para la vista.

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