La posible suspensión de la pena de seis años de prisión confirmada este martes por el Supremo para el expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán ante un eventual recurso de sus abogados ante el Tribunal Constitucional choca con la doctrina de este organismo sobre la materia. Esa doctrina limita la suspensión a las penas a condenas de menos de cinco años, y eso dificulta en extremo que deje de ser efectivo el ingreso en la cárcel hasta que se resuelva el recurso de amparo anunciado por el abogado de Griñán.

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