La Audiencia Nacional se dispone a celebrar un juicio cuya investigación comenzó en 1999. Más de 25 años después, un tribunal de la Sala de lo Penal va a enjuiciar a una decena de acusados por un fraude relacionado con el turismo en Canarias, pero con tintes mafiosos; y los magistrados se han encontrado con lo inevitable tras décadas en las que el procedimiento ha acumulado papel y polvo: varios policías que tenían que testificar han fallecido, algunos audios que debían escucharse en sala se han perdido en una inundación y testigos que no aparecen. El caso en el que se juzgará a un empresario que fue señalado como testaferro de un criminal británico —conocido por fraguar “el robo del siglo” XX en Reino Unido— es el vivo ejemplo del colapso que sufren algunos tribunales españoles y que provoca que la justicia deje de cumplir su función.

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