La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que indaga en estos momentos, en paralelo a la investigación judicial, sobre las causas del siniestro del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 45 muertos y más de 130 heridos, analiza todos los sucesos graves o incidentes “que puedan dan lugar a un aprendizaje que mejore la seguridad ferroviaria”. Entre ellos, analizó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en la misma línea en 2017, en este caso, a la altura de Brazatortas (Ciudad Real). En su informe final, de 56 páginas y correspondiente al año 2019, sobre ese accidente —que guarda similitudes y también diferencias con el de Adamuz— concluyó que la causa del descarrilamiento fue “un fallo de la infraestructura debido a la rotura de la punta móvil del corazón del cruzamiento” de un desvío. La CIAF alertó entonces de un “peligro latente de los aparatos de vía” dispuestos en esa línea y realizó una serie de recomendaciones para evitar que algo así volviera a suceder. En aquella ocasión, el accidente no produjo ni fallecidos ni heridos, pero señalaba deficiencias en el sistema que la CIAF remitió a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para su corrección.

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