La Fiscalía ha pedido archivar el caso del amianto del Metro de Madrid al considerar que no se pueden atribuir los delitos investigados a ningún responsable concreto de la empresa, dependiente de la Comunidad de Madrid. El ministerio público ha tomado esta decisión pese a concluir que la compañía “expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores”; y después de que el Gobierno regional, tras años de peleas, anunciase hace dos semanas que había cerrado un acuerdo con los sindicatos y las víctimas para indemnizar con 7,3 millones de euros a los afectados. Este acuerdo implica que las partes “renuncian al ejercicio de acciones penales, civiles y laborales”, según concretó entonces el Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso.

Seguir leyendo