
Han pasado 20 años desde la última regularización extraordinaria de migrantes que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero. En aquella ocasión se formalizó la situación de 576.506 personas; en gobiernos anteriores, socialistas y conservadores, se habían puesto en marcha procesos similares desde 1986. España emprende ahora su séptima ronda para sacar a la luz el trabajo en negro de medio millón de extranjeros que tendrán permiso de residencia, podrán cotizar por sus empleos y recibir los derechos de ciudadanía que les correspondan, es decir, humanizar la vida de esas personas que todos conocen: cuidadoras de ancianos y niños, albañiles, campesinos, transportistas o camareras. Según los expertos, estas regularizaciones excepcionales son la asunción de un fracaso: las administraciones no han ordenado los flujos migratorios ni han regularizado a millones de trabajadores. Se suele decir que con estos procesos se pone “el contador a cero”, pero ¿cuánto tiempo puede durar la situación ordenada? Pronto veremos, coinciden las expertas consultadas en este reportaje, un cúmulo de nuevos expedientes atascados en las oficinas de extranjería y ciudadanos escondidos de la policía si los procesos de admisión y tramitación no cambian.
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