La Audiencia Nacional acoge desde este semana una imagen inusual: una decena de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, a quienes el Estado encomendó la misión de perseguir delitos, se sientan en el banquillo de los acusados por, supuestamente, cometerlos. Pasadas las 10.00 de este lunes, el tribunal ha dado el pistoletazo de salida al esperado juicio sobre el caso Kitchen, la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdida en 2013, cuando este amenazaba con tirar de la manta contra el PP, acorralado entonces por el caso Gürtel. La vista ha comenzado con la fase de cuestiones previas, que las defensas de los dos principales imputados, Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior desde 2011 a 2016) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad), ya han aprovechado para lanzar su primera ofensiva. Ambos han pedido que se invaliden algunas pruebas clave incorporadas al sumario —como las grabaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo—. También han reclamado que se suspenda el proceso por la falta de competencia de la Audiencia Nacional y que se remita la causa a los tribunales ordinarios de Madrid para enjuiciar allí los hechos.

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