La Abogacía del Estado ha movido ficha en el juicio sobre el caso Kitchen para evitar que la Administración tenga que afrontar el pago de posibles indemnizaciones. Este lunes, durante la primera sesión de la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional, la Abogacía se ha aferrado a una cuestión técnica para pedir al tribunal que se tumbe ya (sin esperar a la sentencia) la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que el Estado “responda” de forma “subsidiaria” por las maniobras urdidas en 2013 el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas, con el presunto objetivo de robarle documentación sensible que aún pudiera guardar del PP, que entonces se encontraba acorralado por el caso Gürtel y por la publicación de Los papeles de Bárcenas.

Seguir leyendo