La opacidad sigue dominando las relaciones entre los parlamentarios españoles y los lobbies más de cinco años después de la aprobación de una norma pensada para evitarlo, según ha detectado la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Este organismo, encargado de velar por el respeto al Código de Conducta de las dos Cámaras, ha elaborado un informe que apunta a un extendido incumplimiento de la obligación de los diputados y senadores de publicar sus reuniones con grupos que pretenden influir en las leyes.

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