El Consejo de Estado, en su informe sobre el proyecto extraordinario de regularización de migrantes, solicita al Gobierno mayor rigor a la hora de demostrar los antecedentes penales de los potenciales beneficiarios de los nuevos permisos de residencia en España. El procedimiento, dice, “deberá quedar en suspenso” si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del migrante. Eso mismo había pedido el Ministerio de Interior al de Migraciones, este último encargado de redactar la normativa, que en este aspecto es más laxa, puesto que prevé continuar con el proceso aun cuando el extranjero no haya podido recabar esos documentos en su país de origen. Basta, según la redacción, con que presente una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales.

Seguir leyendo