El Gobierno ha recibido ya 549.546 solicitudes de inmigrantes que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en abril, y de esas solicitudes se han admitido a trámite, de momento, 91.905. Los datos los ha aportado la Abogacía del Estado durante las vistas que se han celebrado en el Tribunal Supremo para debatir la suspensión cautelar del proceso de regularización que piden la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones de ultraderecha que esgrimen el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral que, aseguran, tendrá la regularización. La Abogacía, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes han rechazado que existan esos riesgos y se han opuesto a la suspensión.

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