En junio del año pasado, conocí en estas páginas, la decisión de un juzgado de Elda de citarme como investigado en relación con la muerte de un manifestante por disparos de un policía en febrero de 1976, con ocasión de las huelgas que tuvieron lugar tras la muerte de Franco. Entonces yo era ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Monarquía. La noticia informaba de que declararía también el policía y destacaba que, por primera vez, se hacía comparecer a un responsable político por delitos de lesa humanidad en la Transición. Recurrí la admisión de la querella y, al rechazar el juzgado mi petición, apelé ante la Audiencia de Alicante, que el pasado 5 de mayo revocó la decisión de investigarme.

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