Con todos los cristales de las ventanas rotos, los electrodomésticos hechos trizas y una cuna volcada sobre un suelo lleno de peluches, parece que un tornado ha arrasado una de las viviendas de la falda del castillo de Íllora (Granada, 10.080 habitantes). Nada ha quedado en pie en una de las casas de los familiares del hombre de 23 años detenido por la muerte de Juan Trujillos, de 19 años, la madrugada del pasado lunes durante las fiestas patronales. El domicilio, ocupado de forma ilegal, fue atacado por una turba humana con ganas de venganza. Sus residentes —salvo uno, que fue escoltado por la Guardia Civil para evitar su linchamiento— habían huido horas antes tanto de este como de los otros cinco inmuebles del clan familiar atacados por los vecinos. “Esto tiene que ser un punto de inflexión: o ellos o nosotros”, afirmaba entre lágrimas José Manuel Muñoz, portavoz local del Partido Popular durante un pleno extraordinario que sirvió para suspender la feria y declarar tres días de luto oficial. “Vamos a intentar el destierro, lo tentemos clarísimo”, añadía el alcalde, Antonio Salazar, del PSOE, en Canal Sur.

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