Cuando el presidente del Gobierno compareció el 9 de julio de 2025 en el Congreso —a petición propia, pero también de los grupos parlamentarios del PP, Mixto y ERC— para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que afectaban al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción de 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado. Casi un año después, ninguna de ellas está completamente implementada, y Pedro Sánchez tiene pendiente otra comparecencia (24 de junio) para responder por los nuevos frentes abiertos en los tribunales desde entonces: el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

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