Tres años y ocho meses de obstáculos y versiones cambiantes para renovar el Poder Judicial

La Constitución mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. Nada dice el texto constitucional sobre que los partidos puedan condicionar ese pacto a otros asuntos, que es básico para el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, en los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, el PP ha esgrimido varias veces obstáculos relacionados con la pura contienda política, mientras otras ha planteado exigencias añadidas a la mera renovación de los vocales. El último capítulo del pertinaz bloqueo son las versiones cambiantes de los populares para tratar de desvincularse del acuerdo desvelado por EL PAÍS al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial. En el largo periodo de desencuentros, el Gobierno también ha hecho tres movimientos unilaterales —de uno de ellos desistió— para reformar la ley, que entorpecieron las negociaciones, con el argumento de que no podía aceptar más la demora en el acuerdo. Este es el historial de obstáculos que ha dado lugar a la mayor anomalía institucional del país.

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