Marchena renuncia a ir al Constitucional y complica el plan del sector conservador del Poder Judicial

La negociación en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional se ha encontrado un importante escollo previo: la dificultad de encontrar a candidatos que generen consenso y que estén dispuestos a ocupar esas dos plazas. El sector conservador del CGPJ aboga por nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y redactor de la sentencia del procés; pero este, cuyo perfil está bien visto también en el sector progresista, ha declinado la propuesta, y eso complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En el Consejo hay ya una mayoría sólida de vocales partidaria de efectuar los nombramientos del Constitucional y no boicotear, por tanto, la reforma legal que impulsó el Gobierno ―con un ultimátum que vence el 13 de septiembre― para desbloquearlos. No obstante, los vocales más críticos con esa reforma dentro del sector conservador del organismo se plantean no implicarse en la operación ―tratando de retrasarla lo más posible― si no logran encontrar a candidatos que consideren de altura.

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Un encuentro con Sánchez y siete llamadas de Casado

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha respondido lo mismo a cuantos le han sondeado para que acepte dar el paso al Constitucional: que considera prioritario continuar su labor en el Supremo. A Marchena le quedan dos años de presidencia al frente de dicha Sala. Quienes han hablado con él para instarle a que acepte ser candidato al órgano de garantías explican que les respondió negativamente porque no ha cambiado de criterio sobre dónde debe continuar su trayectoria desde que en 2018 renunció a optar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Aquella renuncia se produjo tras la difusión de un mensaje de WhatsApp en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, abogaba por usar a Marchena para controlar “desde atrás” la Sala Penal del alto tribunal.

Marchena ha asegurado a estos interlocutores que su decisión es firme, pese a ser conocedor de que podría contar con un alto apoyo en el órgano de gobierno de los jueces y generar también consenso político. En julio de 2020, el juez sostuvo una larga entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, en la que volvió a mencionarse la posibilidad de que fuera candidato a la presidencia del Consejo de Poder Judicial y del Supremo, en el contexto de un supuesto pacto con el PP que no llegó a alcanzarse entonces y que sigue pendiente. A su vez, el expresidente popular Pablo Casado tuvo con Marchena —siempre según este ha relatado a quienes le han sondeado— hasta siete conversaciones telefónicas sobre la misma hipótesis, idea que rechazó. A Marchena le quedan dos años de presidencia de la Sala que dictó la sentencia del procés o más recientemente la de los ERE, y que tiene la competencia sobre los casos que afectan a aforados.

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