El nuevo curso judicial marca el paso a la agenda política

A poco más de una semana del acto de apertura del año judicial, que presidirá el Rey el próximo 7 de septiembre, la tensión preside las relaciones entre el Gobierno y el PP sobre el bloqueo de las instituciones de la justicia, un elemento que marcará de nuevo la agenda política del curso que arranca. El enfrentamiento radical entre populares y socialistas sobre cómo debe entenderse y garantizarse la independencia judicial se ha traducido hasta ahora en la imposibilidad de renovar dos órganos clave para el Estado de Derecho: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el gobierno de los jueces, que realiza nombramientos, impone sanciones y elabora informes sobre proyectos de ley— y el Tribunal Constitucional. Ambos tienen caducados sus respectivos mandatos: en el primer caso, todo el Consejo está en funciones desde diciembre de 2018; en el segundo, un tercio de los magistrados del Constitucional terminó su mandato el pasado junio y deben ser sustituidos, lo que provocará un vuelco en la relación de fuerzas, dando lugar a un tribunal de mayoría progresista. Y ambas instituciones están, en este caso, conectadas, porque dos de los cuatro magistrados del Constitucional que deben ser sustituidos corresponde nombrarlos al Consejo. Un intrincado escenario que condiciona el funcionamiento de la justicia y enfrenta de forma cada vez más descarnada al Gobierno y al primer partido de la oposición.

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