La sospecha de que el Gobierno prepara un fraude electoral con la incorporación masiva de los descendientes de exiliados y emigrantes españoles al censo de residentes en el extranjero (CERA), lanzada por Vox y alimentada por el PP, tropieza con la tozudez de los datos: la mayoría de los 2,4 millones de personas que han pedido cita para presentar su documentación en los consulados españoles con el objetivo de acceder a la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos ni siquiera podrá entregarla antes del verano de 2027, fecha límite para la celebración de las próximas generales. Y la resolución del grueso de los expedientes derivados la aplicación de esta norma no se producirá hasta bien entrada la próxima década en el mejor de los casos, según reconocen fuentes diplomáticas

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