La semana que ahora acaba tenía señalada una fecha importante en el calendario del caso Plus Ultra, en el que está investigado José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, liderar una red de influencias ilícitas que, entre otras operaciones, favoreció el rescate público en 2021 de la aerolínea que da nombre a la causa. El juez José Luis Calama había citado para el martes como investigado a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno y administrador de Análisis Relevante, la empresa en el epicentro de la trama. La cita se presumía determinante ante la duda de si el empresario respaldaría la versión de Zapatero, que declaró en junio y aseguró que era ajeno a la creación y administración de esa sociedad y solo trabajó y cobró de ella como consultor externo, o si, por el contrario, desmentiría ese relato y corroboraría el de los investigadores, que sitúan al expresidente a los mandos del entramado. Martínez Martínez no esperó a estar ante el juez y, en la víspera de su citación, entregó en la Audiencia Nacional un documento en el que se ofrecía a colaborar con la justicia y señalaba a Zapatero. Comenzó así un movimiento en cadena al que se sumaron Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, también imputados y hasta entonces máximos directivos de la aerolínea Plus Ultra (dimitieron este viernes tras ser citados por el juez), que endosa al exlíder socialista la máxima responsabilidad en los hechos que se investigan.

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