El PP ha acusado en las últimas semanas al Gobierno de “lanzarse al control” del Tribunal Constitucional por querer nombrar cuanto antes a los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio. Esa renovación implicaría ciertamente un vuelco en la actual mayoría del tribunal de garantías: de los seis magistrados conservadores (eran siete, pero Alfredo Montoya uno renunció por enfermedad en julio pasado) frente a cinco progresistas que hay en la actualidad, se pasaría, previsiblemente, a siete progresistas y cuatro conservadores. Quedaría, además, pendiente la sustitución de Montoya, que corresponde al Senado y exige un acuerdo de PSOE y PP. Pero el cambio de mayorías en el Constitucional, sobre todo tras las renovaciones de los magistrados que corresponden al Ejecutivo, es una consecuencia derivada de la aplicación de la Constitución y varios precedentes en las últimas décadas, algunos de ellos bajo gobiernos del PP.

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