El choque entre el Tribunal Supremo y el Gobierno por la Ley de Memoria ha subido de nivel este viernes después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo apercibiera con una multa, e incluso con una denuncia penal, a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares si no entregan en los próximos cinco días el listado con los nombres de los 163.020 afectados por la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos. Los jueces consideran “incomprensible” que el Ejecutivo sepa la cifra exacta de españoles nacionalizados por esa vía que hay inscritos en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA), pero no pueda concretar las identidades para que la suspensión del derecho al voto se circunscriba a ellos. El Gobierno defiende que ha entregado a la Oficina del Censo Electoral los nombres de los expedientes de nacionalidades que ya están digitalizados, pero estos son solo una minoría y para hacer la lista del resto, según el Ejecutivo, hay que revisar caso a caso, lo que, difícilmente podrá completarse antes de las elecciones del 29 de noviembre.

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