La propuesta lanzada desde ERC para reformar ahora en el Código Penal los castigos previstos al delito de malversación, los más relacionados con la corrupción económica y política, de manera que beneficiasen especialmente a los condenados, imputados o fugados por el proceso independentista, no ha encajado bien en la mayoría de los socios de la coalición de investidura. El presidente, Pedro Sánchez, se abrió el domingo a estudiar esa iniciativa en el trámite parlamentario, pero ese camino se vislumbra complicado. ERC, que admite que el asunto es complejo y problemático, traslada en cualquier caso que esa negociación, aún en fase muy exploratoria, no está vinculada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2023 ni tampoco a la proposición de Ley ya registrada para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas, según fuentes oficiales de los republicanos. La reforma de la malversación ha destapado además la existencia de divergencias en el seno de Unidas Podemos y de otros aliados habituales del Ejecutivo.

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