El fondo de la disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el poder legislativo ha quedado dramáticamente en evidencia, por muchos esfuerzos que haga el PP para vincular la resolución con la propuesta de modificación del Código Penal. Lo ha puesto de manifiesto el hecho que el Senado haya decidido continuar con la votación de los acuerdos del Congreso, entre los que figura la modificación de la sedición y de la malversación, y lo ha rematado la torpeza, que ya empieza a ser habitual, de Alberto Núñez Feijóo al proponer al Gobierno negociar la renovación de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Constitucional, si el ejecutivo accedía a paralizar la reforma del Código Penal. Así que iba de esto, de evitar a todas costa que se pudiese desbloquear el nombramiento de aquellos miembros que vinieran a substituir a los que tienen su mandato caducado, tanto en el órgano de gobierno de la judicatura como en el alto tribunal.

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