El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, no quiere oír hablar de guerras del agua con otras comunidades autónomas a cuenta del trasvase Tajo-Segura, del que se nutre la agricultura alicantina y buena parte del resto del sureste español desde hace más de cuatro décadas. Y, a la vista de sus últimos gestos y declaraciones, templadas pero firmes, dará la batalla al Gobierno de Pedro Sánchez en defensa del territorio valenciano después que el Ejecutivo diera por roto el pacto alcanzado en noviembre para que la transferencia de agua del Tajo al río Segura sobreviviese más allá de 2025. Puig ha mostrado su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna “imposición”. De momento, ha pedido a la Abogacía de la Generalitat que prepare alegaciones al proyecto de decreto sobre el plan del Tajo que, de aplicarse, hará inviable la transferencia de agua en tres o cuatro años. Las presentará al Consejo de Estado, que estudia la norma antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. También la Región de Murcia ultima alegaciones.

Seguir leyendo