La relación de los diputados con los grupos de interés, los denominados lobbies o grupos de interés o de presión, no dispone de una regulación específica en el ordenamiento jurídico español. Una carestía que los distintos partidos políticos han abordado repetidamente, pero cuyo esfuerzo ha caído en saco roto. El último intento es de mayo de 2021, cuando el Congreso aprobó una iniciativa del PSOE en la que se proponía que cualquier colectivo que pretenda reunirse con un parlamentario tenga que inscribirse antes en un registro de acceso público. La propuesta de reforma del reglamento del Congreso fue ratificada con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, en un debate en el que afloraron diferencias entre la mayoría de grupos sobre el alcance y contenido de la norma. Y desde entonces lleva aparcada en un cajón.
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