El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas no quería jubilarse. Abocado al retiro por edad en el instituto armado, aspiraba a tener entonces un puesto de “director de relaciones institucionales” de una empresa con un sueldo de 5.000 euros al mes y una tarjeta para gastos de protocolo. Así se lo dijo el propio Espinosa, durante su declaración del pasado 16 de febrero, a la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres para justificar sus vínculos con la trama desmantela en el caso Mediador, que prometía a empresarios agilizar expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos a cambio de comisiones y dádivas. Este jueves, casi tres meses después de aquella comparecencia, el alto mando del instituto armado, que está acusado de los delitos de cohecho y organización criminal, ha sido puesto en libertad provisional al considerar la justicia que ya no hay riesgo de que se fugue o destruya pruebas.

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