El Partido Popular y Vox han resucitado en campaña electoral un viejo debate respecto a la posibilidad de ilegalizar Bildu y anular sus listas electorales tras conocer que 44 de sus candidatos fueron condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. La Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo se reunió en 2011 ante la demanda presentaba por la Abogacía del Estado y apoyada por la Fiscalía General del Estado durante la última etapa de Gobierno del PSOE para anular las candidaturas de Bildu a las elecciones municipales al entender que se trataba de una formación sucesora de Batasuna, ilegalizada en 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, y que su declarado “rechazo a la violencia” no era más que un movimiento táctico para eludir las prohibiciones vigentes. El Tribunal Constitucional, en una sentencia aprobada por seis votos a favor y cinco en contra, anuló esa decisión del Supremo: “A diferencia de lo sucedido en supuestos similares anteriores (en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2009), en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente, lo que fue relevante en aquellos casos”.

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