Llevarse una medalla tras una negociación no siempre quiere decir asumir la responsabilidad que se deriva de ella. Este es el caso de la transferencia de las competencias de inmigración que Junts per Catalunya le ha arrancado al PSOE en el agónico trato con que se intentó salvar los tres primeros reales decretos de esta legislatura. Los de Carles Puigdemont se han apuntado un tanto que, por un lado, refuerza su relato de buenos negociadores y árbitros de la legislatura, pero sabiendo que quien tendrá que buscar el encaje ejecutivo y de gestión de ese traspaso no son ellos, en la oposición, sino sus rivales de Esquerra Republicana y que ahora ostenta el Govern en solitario.

Seguir leyendo