Era un día fácil, de los de solo rematar a gol. El Gobierno se había enredado en el laberinto de la amnistía, argumentando que se puede diferenciar entre un tipo de terrorismo amnistiable y otro que no, por la enmienda pactada con Junts para blindar la aplicación de la medida de gracia al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que están acusados de terrorismo. Pero a primera hora de la tarde, el martes en Barcelona, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, figura de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, lanzó una declaración de alto voltaje político que suponía la deslegitimación total de una de las máximas instituciones del Estado.

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