Apenas cinco horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la ley de amnistía, marcando así su entrada en vigor, el Tribunal Supremo ha activado los trámites para decidir si aplica la medida de gracia. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado este martes una providencia en la que da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley a los hechos que se atribuyen a Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, los cuatro procesados en esta causa que están huidos de la justicia española. Llarena también pregunta si debe mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, y ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de estos cuatro procesados, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, como instructora del caso Tsunami Democratic, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley en esas causas.

Seguir leyendo