Tanto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como Vox, socio del PP en cinco gobiernos autonómicos, hicieron saber al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, su oposición a cualquier acuerdo con el Gobierno, incluido el de renovar, como exige la Constitución cada cinco años, el Consejo General del Poder Judicial. Una vez firmado el pasado martes en Bruselas el pacto que pone fin a 2.030 días de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, y tras un intenso trabajo diplomático entre Génova (sede nacional del PP) y Sol (el cuartel general de la presidenta madrileña), el partido de Santiago Abascal aumenta la presión sobre su socio. Amenaza con romper los bipartitos si el PP apoya la reforma de la ley de extranjería y Ayuso ha advertido, en los mismos términos que Vox (”efecto llamada”) de las consecuencias del reparto de menores. Feijóo fue este viernes contundente: ignoró el aviso de Abascal y aseguró que las comunidades donde gobiernan, en coalición o en solitario, serán “solidarias” y cumplirán con su “obligación”. Pero la tensión en la derecha se ha disparado con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares, que siguen sin resolver su relación con el discurso de la extrema derecha, han tomado posiciones diferentes según el asunto: a favor, en líneas generales, de ayudar a Canarias ―donde gobiernan con Coalición Canaria― con el reparto de inmigrantes, piense lo que piense Vox, pero con muchas más dudas para colocar la bandera LGTBi en las fachadas dependiendo de si la extrema derecha está presente en los gobiernos autonómicos y municipales ―en Valencia no se colgó en el Ayuntamiento, aunque sí se permitió exhibirla en el pleno; en Toledo y en Calviá, por ejemplo, tampoco se colgó― o si no precisan a Vox —en Málaga, Cádiz o Albacete la desplegaron sin problemas—.

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