Del siempre más comedido PNV a la contundencia de EH Bildu, Podemos o BNG, los aliados parlamentarios del Gobierno descalifican al Tribunal Supremo por negarse a aplicar a los delitos de malversación la ley de amnistía que apoyaron en el Congreso. Estas formaciones lo interpretan como un ataque a la potestad legislativa de las Cortes. Lo que ha hecho el Supremo equivale a “no reconocer la soberanía popular que se expresa en el Parlamento”, denunció el secretario de la Mesa del Congreso y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, quien añadió: “Los jueces tienen que aplicar la ley, porque lo contrario es prevaricar”. El PNV también recordó que es en el legislativo “donde reside la soberanía popular” para lamentar que la ley elaborada en las Cortes “se vea interpretada ahora de un modo restrictivo” por el Supremo.

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