Manuel Gómez fue Interventor General de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, los años del escándalo de los ERE -las ayudas públicas a empresas en dificultades aprobadas por los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán que desencadenaron un fraude multimillonario-. Emitió informes que alertaron sobre el inadecuado mecanismo aprobado para conceder las ayudas por la imposibilidad de llevar a cabo el necesario control del gasto. Esas alertas se convirtieron en la clave de las acusaciones tanto de la juez instructora, como de la Fiscalía y los tribunales que juzgaron los hechos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) para condenar a la cúpula del Gobierno socialista andaluz.
Sé el primero en comentar en «“La condena a Griñán y Martínez Aguayo era injusta. No conocieron que se estaba cometiendo fraude”»